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Noticias
Febrero 04 de 2019

En el borrador del plan ‘Pacto por Colombia, pacto por la equidad’, conocido por EL TIEMPO, se abriría la puerta a que, por iniciativa de los alcaldes locales, se incorporen al perímetro urbano los predios localizados en suelo rural, suelo suburbano y suelo de expansión urbana. 


Con la idea se busca garantizar el desarrollo de vivienda e infraestructura social “mediante el ajuste del plan de ordenamiento territorial que será sometido a aprobación directa del concejo municipal o distrital, sin la realización previa de los trámites de concertación y consulta previstos en el artículo 24 de la Ley 388 de 1997”.

Aunque la intención es habilitar suelo para construir más casas de interés social, hay quienes consideran que se abriría la puerta a casos de corrupción, ya que los alcaldes tendrían la autonomía de decidir cuáles predios pasan de ser rurales a ser urbanos.

Lo anterior, porque se eliminaría la concertación con los concejos territoriales de planeación, la ciudadanía y otros entes interinstitucionales, que hoy en día son los que deben rendir concepto y formular recomendaciones.

En el Plan de Desarrollo, que será radicado este miércoles en el Congreso, se establece que, por iniciativa de los alcaldes, se pueda modificar el régimen de usos y aprovechamiento del suelo y ese ajuste sería aprobado por el concejo.

Además advierte que si pasan 60 días desde la presentación de los cambios y el concejo no toma una decisión o niega las modificaciones, el mandatario local podrá adoptarlas vía decreto.

No obstante, se aclara que solo podrán pasar de una condición a la otra los predios que cuenten con conexión o disponibilidad inmediata de servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y energía eléctrica y que tengan articulación con los sistemas de movilidad. 

El exsenador Carlos Fernando Galán dice: “La concertación tiene problemas, pero eliminarla no es la solución. Sin concertación no solo se limita drásticamente la posibilidad de la ciudadanía de incidir en la definición del desarrollo de su territorio, sino que se generan otros riesgos de corrupción en los cambios de uso del suelo. Espero que el Gobierno permita un debate amplio sobre esto y explique su motivación”.